Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica
Organismos responsables en el ámbito estatal de las políticas dirigidas a las personas con discapacidad y normativa reguladora de los mismos
Comité Nacional para Personas con Discapacidad (CONALPEDIS)
El Comité Nacional para Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) está encargado de la planificación estratégica en materia de discapacidad y es el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y Ministerios del Órgano Ejecutivo que realicen programas y proyectos relacionados con las personas con discapacidad.
El CONALPEDIS, regulado en la Ley 223, de 2 de marzo de 2012, General para Personas con Discapacidad, es una entidad descentralizada, para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia. El Estado, a través del CONALPEDIS, coordinará con la Confederación Boliviana de las Personas con Discapacidad y otras organizaciones nacionales, departamentales y municipales, legalmente reconocidas, la elaboración de políticas públicas, programas y proyectos.
Programa de Comunidades Solidarias del Ministerio de Planificación y Desarrollo
El Programa de Comunidades Solidarias (discapacidad, niñez en riesgo, adulto mayor) del Ministerio de Planificación y Desarrollo, dependiente del Viceministerio de Planificación y Coordinación a través de la Dirección General de Planificación, tiene como objetivo erradicar la pobreza de la población y atender a las poblaciones con mayor riesgo, entre las que se encuentran las personas con discapacidad. Le compete la elaboración de políticas en materia de discapacidad.
Dirección General de Personas con Discapacidad del Ministerio de Justicia
La Dirección General de Personas con Discapacidad, dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (Ministerio de Justicia) tiene la misión de promover el pleno respeto, promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Le corresponde, entre otros objetivos, promover políticas para el pleno empleo de las personas con discapacidad, entendido como la situación en que cualquier demandante de empleo en condiciones de trabajar encuentra ocupación digna y remunerada.
