Aunque hay diferencias entre los países, en general aproximadamente la mitad de las personas con discapacidad están en edad de trabajar. Alrededor de un tercio de estas personas realiza alguna actividad laboral, muchas veces con remuneraciones inferiores a las que son normales en el mercado laboral.
Las tasas de actividad y empleo de las personas con discapacidad, aunque difieren de unos países a otros, son en general sensiblemente inferiores a las del resto de la población. Normalmente son mayores en el caso de los varones y en las personas de entre 30 y 49 años, y bastante más bajas en el caso de las mujeres, de los jóvenes y de las personas de 50 y más años. Las personas con discapacidad también suelen tener una tasa de desempleo mayor que la población general, aunque en este caso las diferencias no siempre son tan marcadas.
País | Tasa de actividad | Tasa de empleo | Tasa de desempleo | Fuente, fecha de referencia y alcance de los datos |
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Argentina | 13,9% | 12,2% | 12,2% |
Servicio Nacional de Rehabilitación. Anuario Estadístico Nacional sobre Discapacidad 2011. |
Bolivia | 15,5% | Ministerio de Salud y Deportes. Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad. Datos referidos a personas con discapacidad de entre 15 y 55 años identificadas por la misión solidaria “Moto Méndez”. Años 2009 y 2010. |
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Brasil | 61,3% | IBGE, Censo Demográfico 2010. Datos referidos a personas con alguna discapacidad de entre 15 y 54 años. |
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Chile | 40,8% | Fondo Nacional de la Discapacidad. Primer Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDISC 2004. Datos referidos a personas con discapacidad de entre 15 y 64 años. |
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Colombia | 19,5% | 15,2% | 22,1% | Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), marzo de 2010. Datos referidos a personas con discapacidad inscritas de 10 y más años. |
Costa Rica | 23,0% | INEC, Censo 2011. Datos referidos a personas con discapacidad de entre 15 y 60 años. |
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Ecuador | 44,6% | CONADIS. Registro de personas con discapacidad, septiembre de 2013. Datos referidos a personas con discapacidad registradas de entre 16 y 60 años. |
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España | 36,6% | 26,7% | 26,9% | INE. El empleo de las personas con discapacidad, 2011. Datos referidos a personas con discapacidad oficialmente reconocida de entre 16 y 64 años. |
Guatemala | 48,3% | Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Discapacidad ENDIS 2005. Datos referidos a personas con discapacidad de entre 18 y 59 años. |
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Honduras | 37,7% | 36,9% | 2,1% | Instituto Nacional de Estadística, XXXVII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo de 2009. Datos referidos a personas con discapacidad de 10 y más años. |
México | 29,9% | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Base de datos de la muestra. Datos referidos a personas con discapacidad de 12 y más años. |
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Nicaragua | 36,0% | Encuesta Nicaragüense sobre Discapacidad (ENDIS 2003). | ||
Panamá | 37,8% | 33,2% | 11,9% | Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS) 2006. Datos referidos a personas con discapacidad de 10 y más años. |
Perú | 48,5% | 42,7% | 12,1% | Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012. Datos referidos a personas con discapacidad de entre 15 y 64 años. |
Portugal | 59,6% | 51,1% | 14,4% | INE, Estatísticas do Emprego – 2º trimestre de 2011. Datos referidos a personas con discapacidad de entre 15 y 64 años. |
Uruguay | 19,6% | 16,5% | 15,8% | Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA 2006). Datos referidos a personas con discapacidad de entre 15 y 64 años de edad. |
Las tasas de empleo varían de acuerdo con el tipo de discapacidad. Las más altas se dan entre las personas con discapacidad auditiva, y las más bajas entre las personas con discapacidad intelectual.
La discapacidad es causa y consecuencia de pobreza. La desigualdad en los patrones de inserción laboral y la discriminación que sufren las personas con discapacidad en el mercado laboral contribuye a reproducir la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social. Al no poder acceder a un trabajo, no hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos o hacerlo en espacios diferenciados o protegidos, las personas con discapacidad corren el riesgo de convertirse en ciudadanos de segunda categoría.
Los problemas de inserción laboral de las personas con discapacidad responden a muchos factores, que tal y como señaló hace ya algunos años el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) al aprobar el Plan de empleo para las personas con discapacidad en el siglo XXI, pueden resumirse en los siguientes puntos:
Un nivel educativo y una cualificación profesional deficiente o no adaptada a las demandas del sistema productivo.
Falta de motivación e información de la propia persona con discapacidad y de sus familias, que se traduce en dificultades para mejorar su cualificación profesional o buscar empleo.
Actitud negativa de una parte de los empleadores o de los responsables de recursos humanos, que revela un prejuicio inicial hacia las capacidades potenciales de la persona con discapacidad o una serie de ideas falsas preconcebidas (escasa polivalencia, difícil reciclaje, altos costes por la adaptación de lugares y puestos de trabajo…).
Dificultades para acceder a fuentes de financiación de cara a crear su propio negocio.
Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de formación o de trabajo…) que pueden obstaculizar la integración laboral.
La reducción de las profundas diferencias en el mercado de trabajo que afectan a las personas con discapacidad requiere de la puesta en marcha de políticas activas de empleo que ayuden a la mejora de su empleabilidad, faciliten su transición hacia el empleo e impulsen su desarrollo profesional.
Las políticas activas de empleo se enfrentan, en relación con las personas con discapacidad, a una serie de retos, entre los que destaca la alta segmentación del mercado laboral para este colectivo, en el que frente a un pequeño núcleo de personas en una situación de ocupación estable, hay un grupo más amplio de personas con notables dificultades de acceso al mercado laboral, que alternan situaciones de empleo precario y desempleo, y un grupo mayoritario de personas desanimadas o inactivas, que no mantienen relación con el mercado laboral. La reducción de esta segmentación debe conseguirse mediante una normalización al alza de las condiciones laborales, basada en la mejora de la calidad del empleo y de la protección en los periodos de transición, impulsando las políticas de formación y aprendizaje permanente, en la que la participación de las personas con discapacidad es aún muy baja, y flexibilizando la legislación y los sistemas de protección para que no entorpezcan el acceso y las transiciones en el mercado de trabajo.