Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en Iberoamérica
Las personas con discapacidad constituyen un amplio colectivo, que se estima que supone alrededor del 15 por ciento de la población total. Aunque hay diferencias entre los países, en general aproximadamente la mitad de las personas con discapacidad están en edad de trabajar. Las tasas de actividad y empleo de las personas con discapacidad son, en general, sensiblemente inferiores a las del resto de la población, y las personas con discapacidad que realizan alguna actividad laboral perciben, muchas veces, remuneraciones inferiores a las que son normales en el mercado laboral.
La desigualdad en los patrones de inserción laboral y la discriminación que sufren las personas con discapacidad en el mercado laboral contribuye a reproducir la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social. Al no poder acceder a un trabajo, no hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos o hacerlo en espacios diferenciados o protegidos, las personas con discapacidad corren el riesgo de convertirse en ciudadanos de segunda categoría.
Para lograr la reducción de esas desigualdades y discriminaciones, los países de la región iberoamericana han puesto en marcha políticas activas de empleo dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, facilitar su transición hacia el empleo e impulsar su desarrollo profesional. Estas políticas se enfrentan a una serie de retos, entre los que destaca la alta segmentación que presenta el mercado laboral para este colectivo, en el que frente a un pequeño núcleo de personas en una situación de ocupación estable, hay un grupo más amplio de personas con notables dificultades de acceso al mercado laboral, que alternan situaciones de empleo precario y desempleo, y un grupo mayoritario de personas desanimadas o inactivas, que no mantienen relación con el mercado laboral.
Todas las constituciones de los países iberoamericanos consagran el derecho al trabajo y a la protección social, y la mayor parte de ellas contienen referencias explícitas a los derechos de las personas con discapacidad, y más específicamente a sus derechos en materia de inclusión social y laboral. Todos los países de la Comunidad Iberoamericana han firmado o se han adherido a la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (únicamente el Principado de Andorra está pendiente de ratificarla), y, con la excepción de Colombia, Cuba, el Principado de Andorra y Venezuela, a su Protocolo Facultativo. Asimismo, todos los países iberoamericanos de América, con excepción de Cuba, han ratificado la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. También una amplia mayoría de los países iberoamericanos (salvo Honduras, Nicaragua, el Principado de Andorra y Venezuela) han ratificado el Convenio 159 de la OIT (1983), relativo a la Rehabilitación Profesional y el Empleo (Personas con Discapacidad). Dado que estos tratados internacionales se incorporan, cuando son ratificados, al ordenamiento jurídico interno con el mismo rango que las disposiciones constitucionales, puede afirmarse que el derecho al trabajo de las personas con discapacidad está sólidamente recogido en el ordenamiento constitucional iberoamericano.
Todos los países iberoamericanos cuentan con leyes específicas de protección de las personas con discapacidad, que contienen disposiciones dirigidas a promover su inclusión social y laboral, y muchos de ellos han modificado recientemente su legislación en materia de discapacidad para adaptarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otra parte, la legislación laboral de todos los países iberoamericanos contempla disposiciones dirigidas a promover el acceso al empleo de grupos con especiales dificultades de inserción, entre los que se cuentan las personas con discapacidad, y a garantizarles condiciones de trabajo dignas.
El estudio comparado de las medidas que se están poniendo en práctica en los países iberoamericanos para lograr avanzar en el acceso y la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad muestra que los abordajes utilizados son múltiples: servicios públicos y privados de colocación, formación, subvenciones a la contratación que se proponen corregir desigualdades en materia de acceso, condiciones de trabajo y calidad del empleo, medidas de acción positiva, como la introducción de objetivos numéricos o cupos que se deben cumplir en plazos determinados, o políticas de contratación pública que incorporen objetivos de promoción de la igualdad.
El establecimiento de una cuota obligatoria de reserva de empleo en el sector público es una medidas bastante extendida (la aplican Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela), y en muchos de los casos la cuota se extiende también al sector privado. Las regulaciones más antiguas en este sentido datan de principios de la década de 1980 (Argentina, 1981, España, 1982). En los últimos años el sistema de cuotas se ha implantado en nuevos países, como Perú (2012) o la República Dominicana (2013).
A pesar de que muchas veces no se cumplen las cuotas establecidas, sobre todo cuando los sistemas de cuotas no vienen acompañados de mecanismos de ejecución, la mera existencia del sistema de cuotas se ha revelado como una herramienta de fomento del empleo, que ha abierto la posibilidad de introducir medidas de discriminación positiva en la legislación laboral, superando las discusiones sobre la admisibilidad o no de este tipo de disposiciones. En los países en los que existen estos sistemas, deberían mejorarse los mecanismos de ejecución y los controles de su cumplimiento.
También son bastantes los países que han puesto en marcha medidas de estímulo de la contratación de personas con discapacidad basadas en incentivos de diverso tipo. Una de las orientaciones más prometedoras es, en este sentido, la vinculada a la compra pública responsable, que otorga preferencia, en las adquisiciones de bienes o en las contrataciones de servicios que realizan las administraciones públicas, a las empresas que contraten personas con discapacidad. Este tipo de medidas se vienen aplicando, entre otros países, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, México, Perú y República Dominicana.
También son bastante los países que ofrecen incentivos directos a las empresas que incorporan trabajadores con discapacidad en sus plantillas, que comprenden desde desgravaciones fiscales y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social hasta subvenciones por cada persona contratada y ayudas a fondo perdido o créditos especiales para la financiación de actuaciones de adaptación de puestos de trabajo y de eliminación de barreras en el lugar de trabajo. Entre ellos están Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, el Principado de Andorra, la República Dominicana y Uruguay.
Para que estas medidas de estímulo de la contratación tengan éxito, es necesario contar con un sistema de intermediación laboral que facilite a las empresas la captación de candidatos idóneos y proporcione a las personas con discapacidad la orientación y los apoyos necesarios en su proceso de inserción laboral. En todos los países iberoamericanos los servicios públicos de empleo y orientación laboral cuentan, por lo general, con unidades o secciones especializadas para la atención a personas con discapacidad. Estos servicios facilitan a las personas con discapacidad apoyo en la búsqueda de empleo, orientación profesional, derivación hacia programas de capacitación y asesoramiento sobre acciones para la mejora de la empleabilidad. También brindan asesoramiento a los empleadores sobre las posibilidades y beneficios derivados de la contratación de trabajadores con discapacidad, y les apoyan realizando análisis de los requerimientos de los puestos de trabajo, seleccionando postulantes adecuados. La modernización del acceso no presencial a los servicios públicos de empleo y la mejora de la accesibilidad de los servicios públicos de empleo a través de la utilización de las nuevas tecnologías, es una de las líneas de actuación que está permitiendo avanzar en el diseño de nuevas políticas activas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.
Las instituciones competentes en materia de empleo y discapacidad suelen desarrollar campañas informativas para sensibilizar a las empresas sobre el empleo de las personas con discapacidad, editan materiales de difusión dirigidos a promover la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad, y organizan seminarios de inclusión laboral y ferias laborales en las que participan empresas que ofrecen puestos de trabajo para personas con discapacidad.
En algunos países se han conformado redes de empresas comprometidas con la inserción laboral de las personas con discapacidad, que cooperan para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad, desde un enfoque de responsabilidad social corporativa.
También se han puesto en marcha iniciativas para reconocer la labor de las empresas que se distinguen por sus prácticas en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y, certificaciones de calidad referidas a la gestión de la discapacidad en las empresas.
Otras medidas que se están aplicando en los países de la Comunidad Iberoamericana para facilitar el trabajo de las personas con discapacidad y el logro de unas condiciones laborales adecuadas son el fomento del teletrabajo, que abre importantes oportunidades para la inserción laboral de las personas con movilidad reducida, la regulación del derecho a la reincorporación en la empresa de los trabajadores con discapacidad sobrevenida (empleo selectivo), la puesta en marcha de programas de empleo con apoyo, el fomento del autoempleo y de la creación de empresas por parte de personas con discapacidad, mediante la concesión de créditos en condiciones favorables, el asesoramiento para la puesta en marcha de los emprendemientos, pagos reducidos en las cuotas a la Seguridad Social y otros apoyos, y la anticipación de la edad de jubilación, que es una cuestión importante a tener en cuenta en una política de empleo adaptada a las necesidades y circunstancias de las personas con discapacidad, habida cuenta del mayor esfuerzo y penosidad que el desarrollo de la actividad profesional puede comportar para los trabajadores con discapacidad. Algunas de estas medidas (en particular el empleo selectivo y anticipación de la edad de jubilación) no están, sin embargo, muy extendidas entre los países de la Comunidad Iberoamericana.
Junto a estas medidas, que tienen como objetivo promover la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, es necesario tener en cuenta que los talleres protegidos (denominados de diferentes formas según los países: centros especiales de empleo, talleres laborales protegidos, talleres protegidos de producción, unidades productivas, etc.) son, en muchos de los países iberoamericanos, una importante fuente de empleo para las personas con discapacidad, especialmente para los grupos con mayores dificultades de inserción, como es el de las personas con discapacidad intelectual.
El empleo protegido, que ha sido regulado con diverso grado de detalle en algunos países de la Comunidad Iberoamericana y al que en algunos otros se hacen referencias en la legislación, aunque sin una regulación expresa de esta modalidad de empleo, es todavía una vía de inserción laboral necesaria para muchos trabajadores con discapacidad, especialmente en los casos de discapacidad más severa o mental, por lo que es imperativo mejorar su calidad. Resulta asimismo necesario favorecer la transición del empleo protegido al empleo ordinario, y superar la segmentación que supone separar a las personas con discapacidad en talleres o empresas protegidas. También sería importante mejorar la colaboración de los centros de empleo protegido con las empresas ordinarias para favorecer la compra de productos y servicios y el tránsito de trabajadores desde el empleo protegido al empleo ordinario.
Todos los diagnósticos sobre la situación de empleo de las personas con discapacidad subrayan la importancia de la formación y la cualificación profesional como un aspecto de especial importancia para garantizar las posibilidades de adaptación de las personas con discapacidad a un mercado de trabajo en constante cambio. Todos los países de la Comunidad Iberoamericana han incorporado a las personas con discapacidad en sus sistemas de formación profesional, y han establecido mecanismos de colaboración entre las instituciones competentes en materia de discapacidad y las instituciones de formación profesional para promover la participación de personas con discapacidad en los programa de formación profesional. Sin embargo, en muchos casos estas iniciativas están muy fragmentadas, no responden a una estrategia claramente definida y no siempre se centran en programas de formación ajustados a las demandas del mercado.
